El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Willson Camacho, consideró este martes que los imputados del caso Coral deben permanecer en prisión, debido a que cada vez hay más evidencias y pruebas que comprometen su responsabilidad penal.
Camacho también dijo que al revisar los recursos de apelación de tres de los imputados, no encontró ningún elemento nuevo que pueda llevar a los jueces de la Corte a variar la medida de coerción.
El titular de la Pepca habló al llegar a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde conocerán los recursos interpuestos por tres de los implicados en el caso de corrupción administrativa desarticulado mediante la Operación Coral.
Uno de los que se presenta hoy ante la Corte es Tanner Flete Guzmán, el hijo de la pastora Rossy Guzmán, implicada en la red de lavado producto de corrupción. Para conocer este recurso está apoderada la Segunda Sala Penal de la Corte.
Mientras que la Tercera Sala de la Corte conocerá las apelaciones depositadas por el coronel Rafael Núñez de Aza y Alejandro Montero Cruz.
El Ministerio Público asegura que estos imputados y otros más son parte de una estructura de corrupción creada por el mayor general Adán Cáceres para defraudar dinero del erario público.
En su expediente, la Pepca establece que Adán Cáceres instrumentó un entramado de criminalidad organizada, compuesto por un esquema societario, y con la participación de miembros vinculados a cuerpos castrenses y civiles para colocar, estratificar y reintegrar al sistema financiero nacional dinero defraudado del Estado, dando apariencia de legalidad a los activos generados.
Imputados
En el caso están imputados, además de la pastora Rossy y el mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), el coronel Rafael Núñez de Aza, el teniente coronel Raúl Alejandro Girón, el cabo policial Tanner Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
