Emely Rodríguez, abogada del expelotero Sammy Sosa, expresó a su salida de la Procuraduría General de la República que el caso en que se vincula a su cliente por una supuesta relación con algunas de las empresas del entramado de corrupción desmantelado mediante la Operación Antipulpo está en etapa de privacidad, y que cuando la acusación formal sea presentada la prensa nacional se enterará.
No dijeron si el exdeportista debería volver a la sede del Ministerio Público para que se le sigan los cuestionamientos.
La jurista confirmó que el exbeisbolista fue interrogado por más de tres horas por los procuradores adjuntos, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho con respecto al citado escándalo de corrupción.
Sammy Sosa y uno de sus hermanos son mencionados dentro del expediente del entramado de corrupción, por supuestos vínculos que el exdeportista tuvo con la empresa propiedad de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, y que es señalado como principal cabecilla en la Operación Antipulpo.
El presunto fraude del caso Antipulpo aumentó de cinco mil millones a 10 mil millones, según confirmó la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, durante el transcurso de la investigación.
La Pepca establece que una de las empresas de Medina había autorizado a Sammy Sosa, el 31 de octubre del 2017, para que gestionara un préstamo o una línea de crédito de US$10 millones ante una entidad bancaria dominicana.
Supuestamente Sosa tenía la autorización para firmar cualquier tipo de documentación que fuese necesaria a dichos fines, así como disponer de dicha suma de dinero como entendiera pertinente.
En la misma fecha, un hermano del expelotero fue autorizado para abrir una cuenta en el Brickell Bank de los Estados Unidos para solicitar un préstamo o una línea de crédito de US$4 millones.
Hasta el momento contra Sammy Sosa y contra su hermano no se han presentado cargos.Implicados en el caso
Alexis Medina está en prisión acusado de ser el principal cabecilla de la red que se valía de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del expresidente Medina para enriquecerse a costa de los recursos de los contribuyentes.
Además de Medina Sánchez están imputados en este proceso José Dolores Santana Carmona, Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper) y Wacal Vernavel Méndez Pineda, tesorero de las empresas creadas por Medina Sánchez.
A Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, exdirector general y exdirector de Fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), así como a Julián Suriel Suazo, les fue variada la prisión preventiva por arresto domiciliario por colaborar con la investigación del Ministerio Público.
Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, seguirá cumpliendo arresto domiciliario, mientras Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y exvicepresidenta administrativa del Fonper, permanece en un espacio controlado con un localizador electrónico.
El excontralor general Rafael Antonio Germosén continúa en arresto domiciliario.
