El juez del Tribunal Superior Administrativo (TSA) dejó en estado de fallo hasta el próximo martes la solicitud de suspensión provisional de la resolución número 000048, a través de la cual el Ministerio de Salud Pública dispone que los ciudadanos deben presentar una tarjeta de vacunación contra el COVID-19 para entrar a lugares públicos.
La decisión fue adoptada por el magistrado Diomedes Villalona, luego de escuchar los argumentos en los que los accionantes la solicitud cautelar que busca una suspensión hasta tanto se conozca el recurso, interpuesto por el pastor Carlos Peña, para que se declare la nulidad de la resolución.
En la audiencia, el pastor Peña, quien es el presidente del Partido Generación de Servidores (Gens) solicitó que la disposición establecida por el Ministerio de Salud Pública sea suspendida para evitar violaciones de los derechos de los ciudadanos, mientras se conoce el fondo del asunto.
De acuerdo a lo planteado por los accionantes, la medida sanitaria violenta libertades y derechos fundamentales como la integridad física, la libertad de empresa, libertad de tránsito, libertad de trabajo, derecho a la educación, derechos del consumidor, el derecho a la igualdad, entre otros.
Además establece que traspasa el campo de acción del Ministerio de Salud y pasa a sectores distintos, como lo son el transporte, el comercio, la educación y la empresa privada, “con lo que evidentemente desborda sus límites establecidos legalmente y quebranta el orden de libertad individual de los ciudadanos”.Rechazo de la Procuraduría
Mientras que la Procuraduría General Administrativa precisó que la decisión del Ministerio de Salud Pública está basada en la Constitución y artículo 69 de la Ley de Salud Pública que obliga a adoptar las medidas necesarias para proteger la población.
La Procuraduría entiende que no hay elementos jurídicos para suspender resolución. Entienden que si se acoge el pedimento de los accionantes se pondría en riesgo la vida de toda la población.
El Tribunal Superior Administrativo está apoderado de otros recursos contenciosos en nulidad que buscan la cancelación de la resolución del Ministerio de Salud.
