Oscar López Reyes
En la República Dominicana, ¿quieren más cuarteles y policías para la protección ciudadana? Sí. ¿Y más centros de salud y médicos? También. ¿Anhelan más escuelas y profesores? Claro. ¿Apetecen más carreteras y parqueos públicos? Lógicamente. ¿Ansían aumentos salariales con doble sueldo? Esa aspiración no se discute. Y cuando el Gobierno plantea la captación de más impuestos para cumplir esa misión, casi todos responden: “¡A nosotros no!” “¡A otros sí!”.
Al revés: ¡Hola mama, hola papa!, en los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), enclavados en el Norte de Europa, se tiene una visión contrapuesta. Hace un par de años leímos en un diario de Amberes, Bélgica, sentado yo como visitante del consulado dominicano, que las calles de Finlandia hormigueaban de personas protestando porque pretendían BAJAR LOS IMPUESTOS, a cuyos auspiciadores calificaron de impíos. Exigían que SUBIERAN LOS GRAVÁMENES.
Durante la pandemia, 83 superricos de las más dispares demarcaciones geográficas del globo terráqueo copiaron, guardando la distancia, a Robin Hood. No solo abogaron por una mayor presión fiscal, sino que estaban dispuestos a desprenderse de hasta un 90% de su patrimonio, como una especie de tasa solidaria. El 14 de junio de 2020, “Multimillonarios por la humanidad”, firmaron una carta en la que solicitaron a sus gobiernos que les subieran, “inmediatamente, sustancialmente, permanentemente”, los impuestos para contribuir en la factura de los nuevos programas gubernamentales destinados a reactivar la economía tras la Covid-19.
En Finlandia, comprometerse con una gorda tasa impositiva hace felices a sus ciudadanos, que pagan entre 10, 14 y 24% del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido), y reclaman que las exenciones sean aumentadas. Conforme la Agencia Tributaria del Estado, el 80% dice sentirse contento desembolsando para el fisco, el 96% que se trata de un deber cívico y el 98% que es importante para el estado de bienestar. Los “millonarios patrióticos” también piden que les incrementen los tributos de su patrimonio, para garantizar la cohesión social, la seguridad y la tranquilidad.
Con la recaudación tributaria, los finlandeses disfrutan de servicios de sanidad, maternidad, educativos, viviendas, seguridad social y períodos de vulnerabilidades, accidentes laborales, seguro de desempleo, transporte, cultural (opera, ballet, biblioteca, conciertos musicales, etc.) y almuerzos en restaurantes. Las cargas fiscales financian servicios sociales más amplio, con calidad y gratuidad. Según World Happínes Report, Finlandia ocupa el primer lugar de felicidad mundial.
Suecia. Adquiere renombre por el auge de los superricos, la igualdad social y los altos impuestos, que costean un consistente estado de bienestar. Las economías de esta nación y otras nórdicas descuellan por ser las más innovadoras y punteras de Europa.
Los países nórdicos se sitúan en espacios preeminentes en distintos renglones. En la cortedad de la corrupción, en el 2023 Dinamarca lidereó en el puesto número 1, Finlandia en el 2, Noruega en el 4, Suecia en el 6 e Islandia en el 19. La República Dominicana ocupaba el sitio 108 de 180 naciones.
Igualmente, en paz global en el 2023 Irlandia se colocó en el puesto número 1, Dinamarca en el 2, Finlandia en la 13, Noruega en el 24 y Suecia en el 28. República Dominicana ocupaba el lugar número 83. En el índice de capital humano (mercado laboral), Noruega estaba en el lugar número 2, Islandia en el 3, Dinamarca en el 5, Suecia en el 6 y Finlandia en el 12. La República Dominicana escaló el número 82, con una mejoría, porque en el 2017 se ubicaba en el lugar 93.
“Willkommen”, bienvenido. La desigual distribución de la riqueza está removiendo la conciencia entre jóvenes herederos superrricos, entre ellos Marlene Engelhorn -cifra 29 años de edad-, descendiente del austro-alemán de Friedrich Engelhorn, fundador de la corporación química y farmacéutica alemana BASF, la más gigantesca del universo. En febrero de 2021, Engelhorn cofundó a Taxmenow, una asociación alemana de adinerados que exige que los gobiernos se apropien de la mayoría de su patrimonio heredado.
En esa minúscula comunidad de millonarios, adherida a la iniciativa, está también el heredero alemán Antonis Schwarz, de 33 años de edad. Su familia fundó a Schwarz Pharma AG, una de las 80 grandes compañías alemanas. En 2006, la empresa farmacéutica Schwarz fue vendida por más de 4.000 millones de euros (US$4.221 millones). Según los jóvenes superricos, gravar la riqueza incrementaría las arcas estatales y eliminaría ese poder político a sujetos que no lo consiguieron democráticamente.
En la República Dominicana empresarios, medianos y pequeños comerciantes, empleados públicos y privados, profesionales, representantes de las iglesias, sindicatos y de otras entidades se niegan a pagar un céntimo de impuesto, que significa obligación determinada por el Estado y no por voluntad propia. Y se resisten alegando la añeja comisión de corrupción/dispendio gubernamental, el equivocado alegato de la no compensación, la carga excesiva, el otorgamiento de incentivos y exenciones privilegiadas, el egoísmo ancestral y la falta de sanción.
Por los anteriores señalamientos, absolutamente nadie se extrañará de las siete preguntas formuladas en el primer párrafo del presente artículo de opinión. Acostumbrados a mendigar, para recostarse de los linderos del Estado asistencialista; a desviar incentivos concedidos, que pocas veces cumplen sus objetivos; a evadir impuestos -una venenosa y despiadada hidra de siete cabezas difícil de atrapar en su escondite acuático- y a comercializar macabramente con insumos gubernamentales, ahora los apuntalados por la Ley de Modernización Fiscal lloran como un mono con viruela. ¡Son dignos de pena!
La cultura del engaño, el saqueo político y los negocios poco transparentes han colocado a la República Dominicana al borde del colapso financiero, y culpables son los que llaman a cacerolazos y a protestas en plazas públicas. Ahora brincan grandes empresarios, medianos comerciantes, miembros de la clase media -tradicionalmente los más recargados por el “castigo” al consumo- y opinan en contra políticos que públicamente dijeron que el proyecto tributario era necesario. Junto a herederos locales de fortunas argumentan, como contraparte de la justicia distributiva, que la reforma fiscal atenta contra las inversiones, la producción y la competitividad; contra el empleo, la captación de divisas, el crecimiento y el desarrollo económico. Evitará que al país lleguen las estrellas de Hollywood.
Los superricos intercontinentales abogan, implícitamente, porque corten las alas a las élites. Sin tapujos proponen la reintroducción del canon sobre el patrimonio para activos estipulados en millones y miles de millones de euros, la restricción de las exenciones de los activos empresariales y otras ordenanzas especiales en los gravámenes sobre sucesiones y donaciones, así como patrones impositivos progresivos en vez de una clase exclusiva para las tasas sobre las plusvalías. Creen que así se refuerzan la justicia fiscal, los valores del bien común, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
En concordancia con estos planteamientos -y como reflexión culminante-apostillemos que en la nueva era de la inteligencia artificial y la democracia participativa -abarca la búsqueda de la cercanía del consenso racional- las leyes de los parlamentos progresistas suplantan a las pobladas y a los movimientos armados. El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona ha retirado del Congreso el proyecto de Modernización Fiscal, por la presión empresarial-político-social, que deberá reintroducir con arreglos. Ya él cedió, ahora a ver quienes más flexibilizan, en esta democracia tan difícil de gobernar.
