EL PAÍS reconstruye con una decena de testimonios, videos e informes públicos qué ocurrió en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, donde fallecieron asfixiados y quemados 39 migrantes
Suena el audio de una madre el martes en la madrugada: “Hola, hijo, buenos días, cuando te levantes y escuches este audio, por favor, me respondes, ¿oíste? Que estoy preocupada porque vi las noticias y vi que ahí en Ciudad Juárez pasó un accidente. Respóndeme, por favor, apenas oigas este audio”. La voz desesperada llega desde lejos, Venezuela, a 4.600 kilómetros de donde sucedió el fuego. Robinson David, de 22 años, contesta al despertar: él está bien, no fue detenido en la redada masiva del 27 de marzo, pero han muerto cuatro de sus amigos. Son parte de los 39 hombres que fallecieron asfixiados y quemados en una celda de detención del Gobierno mexicano. Otros 27 siguen en el hospital, 16 de ellos en estado muy grave. La investigación ha comenzado y cinco personas han sido detenidas, pero nada ha cambiado en la política migratoria de México, que el lunes mostró su salvaje dentellada. EL PAÍS reconstruye con una decena de testimonios, videos e informes públicos lo ocurrido en la estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, cuando 68 hombres se quedaron encerrados con las llamas.
El edificio tiene solo un nivel, es blanco, aunque ahora uno de sus laterales está carbonizado. Una verja rodea la entrada, custodiada por la Guardia Nacional. Hacía las veces de oficina para trámites administrativos, pero sobre todo funcionaba como una cárcel para extranjeros sin papeles. La estancia migratoria de Ciudad Juárez fue de las tres primeras en el país y oficialmente tenía capacidad para 60 personas, aunque en su sala con barrotes cabían más de 100. Desde su puerta se ve el muro y los altos edificios de El Paso, que representa para muchos el futuro.
Jesús, nombre ficticio para este venezolano de 26 años, insiste en que para contar esta historia hay que irse para atrás. Por lo menos hasta el domingo 12 de marzo, cuando unos 600 migrantes cortaron el puente internacional Paso del Norte, que une México y EE UU por encima del río Bravo. Trataron de cruzar al otro lado hasta ser recibidos por las autoridades estadounidenses, a las que reclaman que su aplicación para obtener una cita y poder pedir asilo, llamada CBP One, está siempre saturada.
La protesta enfadó al alcalde de Juárez, el morenista Cruz Pérez Cuéllar, que señaló: “Se nos está acabando la paciencia”. De su mismo partido le llegan ahora las críticas al alcalde; el delegado de los programas de Bienestar de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, ha asegurado que Pérez Cuéllar creó “un ambiente xenófobo”, apoyado en medios de comunicación y sectores empresariales. Las organizaciones en defensa de derechos humanos identifican que desde enero se habían multiplicado los operativos de “control y verificación migratoria” en Juárez.
Miles de migrantes viven aquí en estado de espera. Llegaron del sur o ya devueltos del norte, pero no van a quedarse. El pasado sábado se bajó de un autobús Bacilio Sutuj Saravia, de 51 años, y ahí mismo fue detenido. Fue llevado al centro de detención que el Instituto Nacional de Migración (Inami) tiene entre los dos principales puentes fronterizos. Ahí estaría el lunes con al menos otros 27 guatemaltecos, quienes habían sido detenidos antes que él. La Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía ha apuntado a que también los salvadoreños y los hondureños estaban en el centro migratorio desde hacía días. Algunos, por lo menos, desde el 25 de febrero. El domingo, los agentes hicieron algún arresto más, cerca de centros de derechos humanos. Pero la redada implacable comenzó el lunes: estaba centrada en venezolanos y familias.
Los tentáculos de la redada
Jeailin Vergara y Luinder Machado salían a las 9.00 del Hospital de la Mujer. Su bebé de un año, Chloé, tenía fiebre y no se le bajaba con el paracetamol. No los atendieron por no tener la situación en regla. Se fueron. En la puerta del centro médico los arrestó una camioneta blanca del Inami, en la que estuvieron una hora mientras los agentes recorrían Juárez en busca de otros migrantes. Cuando se llenó el vehículo los llevaron al centro de detención.
Jenceslao Gutiérrez y Rannier Requena estaban a las 11.00 cargando sus teléfonos en un Oxxo cuando vieron llegar a las cinco patrullas. El primero corrió, pero Requena, de 29 años y originario del Estado venezolano Portuguesa, no se movió. Él trabajaba haciendo la limpieza en un cine, tenía permiso legal para estar en México. Jenceslao vio cómo se llevaban a su única familia en Juárez, con quien había compartido cuatro meses de ruta desde Colombia: “¿Por qué lo montaron? No me cabe en la cabeza”.
Eran las 13.00 horas cuando agarraron por la espalda a Orlando José Maldonado, de 26 años, mientras vendía paletas de helado frente al DIF de Ciudad Juárez, cuenta su cuñada Carolina Márquez. Los agentes se llevaron a cinco adultos y tres niños al centro de detención. “Nos agarraron a todos porque decían que estábamos dando lástima con nuestros hijos”, dice la venezolana. A esa misma hora arrancaron de la calle a Eduard Carballo, también de 26, quien iba a la farmacia a comprar medicamentos para su hija enferma. Contaba con permiso para estar en México y llamó a su esposa Viangly Infante para que se los llevara a la estación migratoria.
A las tres de la tarde los tentáculos se extendían: dos camionetas llegaron a por Jeison Daniel Catarí y Óscar José Regalado a la puerta 33 del muro. Jesús estaba con ellos pero se escapó de los agentes. Óscar, de 25 años, se dejó agarrar para no dejar solo al primero, de 28 años y quien tiene muchas dificultades para caminar. Así en caso de que los deportaran, volverían juntos hasta Juárez. En la patrulla mandaron sonrientes una última foto a Jesús.
En otro punto de la ciudad pero en el mismo momento, Julián Villamil, de 22 años, envió un mensaje a su novia Valen: “Mi amor, me agarró migración”. El colombiano es el único de los detenidos de ese día que no viene de Venezuela. El 7 de febrero había aterrizado en Ciudad de México en un avión procedente de Bogotá y había ingresado como turista. Iba a cruzar a Estados Unidos para reunirse con su novia y su suegra, que tenían residencia legal en Cincinnati (Ohio). Le quedaban casi 40 días de permiso legal en el país cuando lo arrestaron. “Él llevaba su pasaporte encima, ¿por qué no miraron el sello?”, grita al otro lado del teléfono su suegra Carolina Silva.
También el lunes fue el turno de Samuel José Marchena, de 29 años, quien estaba limpiando vidrios en un semáforo cerca del Casino de Juárez. Y de Joel Alexander Leal Peñas, quien todavía tenía 20 años y buscaba llegar hasta EE UU para ayudar a su madre, exiliada de Venezuela en Bucaramanga (Colombia). Fue detenido en un crucero mientras hacía lo de siempre: fregar los cristales de los coches.
Una semana después las autoridades todavía no han aclarado quién ordenó la masiva detención. ¿Fue el Gobierno municipal quien pidió ayuda al Instituto Nacional de Migración? ¿O es al revés? En total, una comunicación del Gobierno de Chihuahua anunció que 71 migrantes habían sido retirados ese día de las calles y entregados al centro de detención del Inami.
Sin agua ni comida
A las cuatro de la tarde, los agentes dejaron salir a Carolina Márquez, a su esposo Abel Maldonado, a su prima Juliani López y al marido de esta. Eran dos familias con niños y el reglamento de la estación migratoria prohíbe su detención. Esto no aplicaba para Orlando Maldonado, quien tiene un hijo, de seis años, pero en Venezuela. Había cruzado medio continente durante siete meses, pasando hambre y frío, con su hermano y su cuñada, pero a los ojos de migración estaba “solo”.
“Le dije que él estaba conmigo, que es mi familia, que venía con él. Nada. Nos sacaron y él se quedó en la celda”, recuerda Márquez. Cruzaron las últimas palabras: “Me dijo ‘no me dejes morir aquí’, y yo le contesté: ‘aquí no te vas a quedar’. Yo pensé: si lo mandan a Ciudad de México yo sé que él va a volver y lo vamos a esperar. Pero no fue así. Todo fue al revés”.
A las 18.00 debía empezar a repartirse la comida, pero no había para todos. Tampoco había agua potable desde la mañana. Según se desprende del juicio al que asistieron periodistas y activistas, un guardia de seguridad de la empresa privada Camsa dijo haber avisado al jefe de recursos materiales de todo lo que faltaba, como, por ejemplo, papel higiénico. Sobre el agua, le indicaron que pusiera directa de la llave a los garrafones. “Una oficial me respondió que no realizara esa indicación, debido a que el agua no era potable porque tenía tiempo que no habían cambiado los filtros de agua y tenían una tonalidad amarilla”, dijo Omar Indalecio P. M. ante el juez.
A las 20.00 horas, la fiebre de Chloé era insoportable. La niña no dejaba de llorar. Jeailin Vergara no sabía qué hacer, los guardias le habían dicho que aquello “no era un centro médico” y todavía seguían sentados en los bancos frente a los barrotes donde estaban los hombres detenidos. Llevaban ahí casi 10 horas. “Entonces los hombres de la celda empezaron a armar bulla, a hacer ruido, para avisar a los agentes”, dice y llora, “nosotros pudimos salir gracias a ellos”. A las nueve de la noche quedaban 68 hombres en la celda, 15 mujeres en otra estancia y varias familias en unas carpas situada en el lateral del edificio. Ahí seguía Viangly Infante, esperando que los oficiales soltaran a su marido.
15 minutos de fuego
El fuego empieza justo detrás de los barrotes. La sala es alargada y hay tres colchones apilados frente a la reja. Al costado izquierdo, un guardia de seguridad, vestido con el uniforme blanco y negro, está grabando de cerca el primer foco del incendio. Se aleja hacia el otro costado del cuarto cuando las llamas empiezan asomarse. Sin ni siquiera girarse, una agente federal es la primera en marcharse de la sala en llamas. La segunda llamarada empieza en una de las colchonetas que servía de barrera. Un migrante, desde dentro, pega un par de patadas a la puerta. Otro se acerca a tratar de hablar a los guardias. Un agente federal se aproxima a la puerta lateral—por la que durante horas habían ido entrando los detenidos—, parece que trata de abrirla, no lo logra, se marcha sin mirar atrás. Termina haciendo lo mismo el guardia, cuando el humo se extiende. Ahí se quedan encerrados 68 hombres. Al final solo se distinguen las llamas. La escena dura 32 segundos.
Desde fuera, se escucharon primero los gritos y las patadas a las paredes, luego se vio el humo. En dos videos grabados por los guardias que estaban a cargo del centro se ve cómo la humareda se cuela por todas las habitaciones de esta planta cuadrada. Se oye de fondo un partido de fútbol. Empieza el desalojo. Las 15 mujeres detenidas salen ilesas, también las personas que estaban en el área de familias. Viangly empieza a gritar, por qué no les abren la cerca a los hombres: “Todo lo que me supieron decir fue: ‘Ellos se están quemando”.
Nadie llama al servicio de emergencias. Pero un capitán de bomberos que estaba de guardia por la zona ve el humo y avisa a la central. “Fue una casualidad, es por eso que afortunadamente pudimos sacar aún a personas con vida”, sentencia Roberto Briones, director de Protección Civil de Juárez. La estación de bomberos número 1 está solo a un kilómetro, a dos minutos de camino. A las 21.30, unos 22 bomberos llegan al centro migratorio. Hacen un agujero para que empiece a salir el gas, destrozan el candado.
El edificio parece una chimenea. El humo sale a borbotones de las seis ventanas de la celda. Mientras entran los bomberos, el personal del centro migratorio se mueve alrededor. Uno de ellos le dice a un compañero: “Pero son un chingo de migrantes, güey, ¿cómo van a salir?”. Briones señala que sus trabajadores hacen más de 60 viajes. Sacan los cuerpos de 37 hombres sin vida y los de 31 heridos —dos fallecerían más tarde en el hospital—. Los apilan fuera. El humo ya ha alertado a los medios de comunicación y las imágenes de los hombres quemados empieza a difundirse en redes y chats de WhatsApp.
Una de esas imágenes le sirve a Renier Murillo para identificar la chamarra azul y la playera a rayas de su primo Joel Alexander. Lo vio con esa ropa antes de subirse a la patrulla y lo vio con ella muerto. También lo están Orlando José Maldonado, Óscar Regalado, Samuel Marchena, Rannier Requena y otros dos jóvenes venezolanos. Fallece Bacilio Sutuj Saravia, el mayor de todas las víctimas, y otros 17 guatemaltecos, el más joven, Marco Antonio Lucas, tenía solo 18 años. Se asfixian seis hombres de Honduras,siete de El Salvador. Y Julián Villamil. Los padres del colombiano son los únicos que se han desplazado en estos días a Juárez para reconocer el cádaver. Están pendientes de una prueba genética que confirme su identidad.
Hasta este sábado hay 27 heridos, 16 de ellos muy graves, 11 de los cuales siguen intubados y sedados. Alguno tiene el 30% de su cuerpo quemado. Están abrasados en el rostro, en el torso y en las manos. Pero lo peor, confirma el director médico del Hospital General de Juárez, Carlos Tadeo, es la abrasión interna. “Tienen lesiones en la vía aérea, pulmonares y del tracto respiratorio en general. Cuatro de ellos tienen también rabdomiolisis [rúptura del tejido de los músculos] lo que les condiciona a una falla renal aguda y otros tres tienen sangrado de tubo digestivo alto”, dice en lenguaje médico, “esto es secundario a la exposición al calor y a las temperaturas”. Estuvieron demasiado cerca y demasiado tiempo con el fuego.
La llave y el candado
Seis personas han sido identificadas por la Fiscalía General de la República (FGR) como responsables: tres agentes federales, dos guardias de Camsa y Jeison Daniel Catarí. Cinco de ellos —todavía no ha sido localizado uno de los guardias privados— ya han sido vinculados a proceso por el delito de homicidio y lesiones. Han sido enviados a prisión preventiva. Un grupo de agentes de migración busca que las responsabilidades escalen hacia arriba, hacia el jefe de delegación de Chihuahua, el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, y hacia el director del Inami, Fracisco Garduño.
El abogado Jorge Vázquez Campbell ha presentado una denuncia en la que acusa a González Guerrero de haber dado la orden por llamada telefónica de no abrir la verja a los migrantes “bajo ningún motivo”. Campbell dice que no desvela a quién representa por miedo a represalias hacia sus clientes. Cinco organizaciones de derechos humanos también han interpuesto una denuncia penal por la cadena de negligencias y omisiones ante la FGR.
Todavía se desconoce cómo empezó el fuego. En la audiencia ante el juez, uno de los guardias aseguró que uno de los detenidos tenía un mechero. Los migrantes entrevistados por EL PAÍS han confirmado que con un poco de dinero, unos 200 pesos, era posible conseguir cigarrillos y encendedores. No había extintores cerca de la celda. Tampoco había instrumentos para romper el candado. Los guardias aseguran que tampoco contaban con las llaves. No había salidas de emergencia. “El candado, la llave, el fuego, el encendedor… es parte de la investigación. Eso es lo que está haciendo la Fiscalía General”, ha afirmado la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, quien ha anunciado el cierre definitivo de la estación migratoria de Juárez. Mientras, 39 familias siguen esperan los cuerpos de sus muertos.
Fuente: El País
